Cuando se habla de protección de datos, muchas personas piensan que el RGPD es una normativa que solo afecta a grandes empresas. Sin embargo, cualquier ciudadano puede reclamar cuando considera que una organización ha tratado sus datos personales de forma incorrecta.
En España, la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que tiene funciones de supervisión, investigación y sanción.
¿Quién puede denunciar una infracción de protección de datos?
Cualquier persona puede presentar una reclamación si considera que se han vulnerado sus derechos. Algunos ejemplos habituales son:
- Recibir publicidad no deseada.
- Publicar una fotografía sin autorización.
- No atender una solicitud de acceso o supresión de datos.
- Solicitar más información personal de la necesaria.
- Sufrir una brecha de seguridad que afecte a sus datos.
La presentación de una reclamación ante la AEPD es gratuita y no requiere abogado ni procurador.
¿Cómo se presenta una denuncia?
Antes de acudir a la Agencia, suele ser recomendable contactar con la organización responsable para intentar solucionar el problema. Muchas incidencias se resuelven en esta fase.
Si no se obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, el ciudadano puede presentar una reclamación ante la AEPD aportando todas las pruebas disponibles: correos electrónicos, capturas de pantalla, fotografías, contratos o cualquier otra documentación relevante.
¿Qué ocurre después?
No todas las denuncias terminan en sanción.
Cuando la Agencia recibe una reclamación, analiza si existen indicios suficientes para iniciar actuaciones. Si aprecia posibles incumplimientos, puede abrir una investigación y solicitar información a la entidad denunciada.
Tras estudiar el caso, la Agencia puede:
- Archivar el expediente si no existe infracción.
- Ordenar medidas correctoras.
- Imponer una sanción económica.
Las organizaciones tienen la obligación de colaborar con la autoridad de control durante estas actuaciones.
¿Quién pone las multas?
Las sanciones las impone la Agencia Española de Protección de Datos, no el denunciante ni los tribunales.
Además, no todas las infracciones acaban en multas elevadas. El RGPD exige que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Para fijar su importe se tienen en cuenta factores como:
- La gravedad de los hechos.
- El número de personas afectadas.
- La duración de la infracción.
- La existencia de antecedentes.
- Las medidas adoptadas para corregir el problema.
- El volumen de negocio de la organización.
Por eso encontramos desde simples apercibimientos hasta sanciones de cuantías muy importantes.
La pregunta más frecuente: ¿dónde va el dinero de las multas?
Existe la creencia de que quien denuncia recibe una parte de la sanción, pero no es cierto.
Las multas impuestas por la AEPD son sanciones administrativas y su importe se ingresa en el Tesoro Público, pasando a formar parte de los ingresos del Estado.
Por tanto, el denunciante no recibe ninguna cantidad económica por el hecho de presentar la reclamación.
Si una persona considera que ha sufrido daños o perjuicios como consecuencia de una vulneración de protección de datos, deberá reclamar una indemnización por una vía independiente.
La mejor protección es la prevención
La mayoría de sanciones no se producen por grandes ciberataques o complejos tratamientos de datos, sino por errores muy cotidianos: correos enviados incorrectamente, imágenes publicadas sin autorización, falta de información al interesado o medidas de seguridad insuficientes.
Por ello, la mejor estrategia para cualquier empresa es trabajar la protección de datos de forma preventiva, identificando qué información trata, quién accede a ella y qué medidas de seguridad tiene implantadas.
Conclusión
Cualquier ciudadano puede denunciar gratuitamente una posible vulneración de protección de datos. La AEPD investigará los hechos y, si aprecia incumplimientos, podrá imponer medidas correctoras o sanciones económicas.
Eso sí, el dinero de las multas no va al denunciante, sino al Estado. Más allá de las sanciones, la protección de datos debe entenderse como una herramienta para generar confianza y garantizar un derecho fundamental que afecta a todos.
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